Tepeji del Río. Dos personas, una de ellas de nacionalidad norteamericana, iniciaron una queja ante la Visitaduria Adjunta de la Comisión Estatal de los derechos Humanos en contra de un elemento de la Policía Investigadora (antes conocidos como Ministeriales) por extorsión, luego de que se dio a conover la denuncia ciudadana a través de las redes sociales, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó que el procurador dio ordenes de iniciar una investigación y solicitó a los denunciantes acudir a cualquier oficina del Ministerio Público para iniciar su denuncia.
El pasado 22 de septiembre los comerciantes Gersaín Núñez Romero y su esposa Janet Castro Romero quien es ciudadana de los Estados Unidos de Norteamerica, acudieron a la Visitaduría Adjunta en Tula de Allende para iniciar una queja en contra de un elemento de la Policía Investigadora al cual ubican como Julio de apodo “El Grillo”, del cual ahora se sabe que se llama Julio Acosta. Los denunciantes relataron que el pasado 17 de septiembre el elemento de la Policía Investigadora, acudió a su negocio en donde se dedican a hacer tatuajes y colocar piercing y les informó que estaba en ese lugar atendiendo una denuncia telefónica anónima que alertaba que en su negocio vendían droga, los comerciantes explicaron que no presentó ninguna orden de cateo u oficio pero que accedieron a una revisión en el local, tras lo cual el agente les expresó que les creía que no vendían nada pero que necesitaba que le dieran 10 mil pesos.
Los comerciantes se opusieron sin embargo fueron amenazados “en cuanto valoras la vida de tus hijos, yo creo que valen más de diez mil pesos” al oír eso del agente investigador Janet Castro dijo que presentaría su solicitud de protección ante la Embajada de Estados Unidos dado que cuenta con la ciudadanía de ese país, a lo que el agente le refirió “déjate de pendejadas, estamos en México, aquí así se hacen las cosas y pueden levantar a tu hijo”. Janet Castro y Gersaín Núñez reconocieron que por miedo e ignorancia accedieron a entregar cinco mil pesos pero que el 22 de septiembre llegó nuevamente este policía a su negocio “y me encañonó afuera de mi negocio”, exigiendo los restantes cinco mil pesos, motivo por el cual discutieron pero finalmente el agente se retiró.
Los denunciantes dijeron que buscaron un abogado para iniciar una carpeta de investigación en contra de Julio Acosta pero que ningún abogado en este municipio quizo tomar su caso en cuento les informaban que se trataba de una extorsión por parte del personal de la Policía Investigadora. Por tal motivo decidieron presentarse ante la Visitadora Regional de Tula con su titular Adriana Angelina Martínez, quien inició una queja que quedó asentada en el expediente CDEH-TA-050616, número de oficio 00774. Los comerciantes expresaron que creen que desde hace semanas el agente ha buscado “engancharlos” ya que a su negocio llegó gente preguntando por drogas, y consideró que luego de que no tuvieron pruebas decidieron entrevistarse con ellos y al no encontrar nada sospechoso en su local decidió extorsionarlos.
“No hemos iniciado una carpeta de investigación en contra de estos elementos porque obviamente a ellos se les remitiría la investigación, entonces quedamos expuestos y desvalidos ante la ley si ellos son jueces y parte” declaró Gersaín Núñez. El matrimonio explicó que se encuentran desesperados, que temen porque el agente cumpla sus amenazas de secuestrar a su hijo o que pueda hacerles cualquier daño a ellos, a familiares o a su patrimonio, por tanto responsabilizó a Juan Acosta de cualquier atentado que sufran. Ane esta situación tan extraordinaria solicitaron al gobernador del estado Omar Fayad Meneses que pueda recibirlos, ya que dijeron que no se sienten seguros de iniciar una carpeta de investigación y agregaron que están dispuestos a carearse con el elemento para ratificar la denuncia.
Dos horas después de que el video fue publicado, a través de su cuenta en Facebook la PGJEH informó en la publicación que el procurador Javier Ramiro Lara Salinas ordenó una investigación a fondo para atender la denuncia ciudadana “y de ser necesario iniciar un procedimiento administrativo o penal, pues la política de esta administración es de Cero Tolerancia a la corrupción”, la breve comunicación concluyó llamando a los denunciantes a que acudan a cualquier Ministerio Público, garantizando su seguridad, la atención de su demanda y el castigo a el o los responsables.