Tepeji del Río. El síndico procurador jurídico Rubén Jonás Cortés Villa denunció la usurpación de funciones por parte del asesor jurídico Mario Castillo Aguilar, quien hace más de un año signó convenios con tres ex funcionarios municipales a fin de que se desistieran de sus demandas laborales por despido injustificado, para lo cual se erogaron en suma 703 mil 804. 01 pesos.
Cabe destacar que el ex alcalde Rosalío Santana Velázquez había anunciado que ninguno de los integrantes de su gabinete demandaría al municipio al dejar sus cargos ya que este era un acuerdo político con su partido, sin embargo en enero de 2012 demandaron al municipio por despido injustificado Ana Laura Torres Saucedo y los hermanos María Guadalupe y Gualberto Carlos Ugalde Manzano quienes se desempeñaban como jueces menores.
El asunto fue presentado en la 88ava sesión ordinaria de la Asamblea Municipal registrada el pasado 18 de noviembre, en la que el síndico denunció que el 19 de septiembre de 2014, Mario Castillo pactó dicho acuerdo para que los demandantes accedieran a desistirse de la denuncia que obra en la carpeta 07/2012, sin embargo Rubén Cortés nunca tuvo conocimiento del proceso y menos del acuerdo, toda vez que dijo que quien se presentó en los tribunales laborales y su identidad jurídica fue validada para representar al municipio fue el asesor Mario Castillo.
Sin embargo Cortés Villa dijo que por ley es el único facultado para representar al municipio en la esfera legal, toda vez que Mario Castillo es asesor jurídico y no tiene facultades de apoderado legal, por ello pidió que se investigue porque se atribuyó las facultades de la sindicatura jurídica y porqué o como se ordenó el pago (a través de los cheques 506, 507 y 508 de Banorte) de los 703 mil 804. 01 pesos que fueron repartidos entre los tres ex empleados casi por partes iguales.
Rubén Cortes ha venido insistiendo durante toda la administración que se le relega de sus funciones y que no se le da parte en aspectos jurídicos del municipio y es que la anomalía en el pago se debe a que la Junta de Conciliación y Arbitraje falló inicialmente a favor del municipio en el que se establecía que no tenía ninguna responsabilidad, sin embargo los demandantes solicitaron un amparo que finalmente les fue otorgado por un juez.
El regidor Álvaro Miranda Pineda calificó como delicado la usurpación de funciones y dijo que se debe revisar quien y como se autorizaron eses cheques, responsabilidad que invariablemente recaerá en el alcalde Fernando Miranda Torres y en la tesorería, toda vez que el asesor jurídico Mario Castillo recibe únicamente órdenes del alcalde.
Por su parte Lázaro Pérez Bernardino dijo que como regidores y funcionarios simplemente no pueden incumplir la ley, dijo que en todo caso por el monto que se pagó se debió solicitar al pleno de la asamblea una adecuación presupuestal, en tanto que el alcalde exhortó a Rubén Cortés a convocar a mesas de trabajo a fin de que se presenten todos los elementos que respaldan el pago de los más de 700 mil pesos a tres ex funcionarios del gobierno de Rosalío Santana Velázquez.
Por último es importante indicar que el 2 de marzo del presente año, este medio de comunicación informó que los tres demandantes habían ganado la demanda y que se les había pagado casi un millón 400 mil pesos, información que desmintió el alcalde en una reunión de cabildo en la que los regidores le solicitaron información al enterarse a través de Contrapuntos sobre dichos pagos, pero que al final resultó cierta. Sin embargo la cantidad que este medio recabó de un millón 400 mil pesos, se sabe que las negociaciones rondaban en 800 mil pesos, para finalmente terminar en 703 mil 804. 01 pesos para los tres ex directivos que son vecinos y nativos de la comunidad de El Salto.