Nayeli Olguín Gutiérrez y María Fernanda Olguín Gutiérrez, quienes se desempeñaron como regidoras del Ayuntamiento de Tepeji del Río durante la administración 2016-2020, enfrentan un procedimiento por una presunta falta administrativa grave, relacionada con un probable desvío de recursos públicos, de acuerdo con un expediente de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
El procedimiento de Responsabilidad Administrativa citado al rubro, integrado por la presunta Falta Administrativa Grave de Recursos Públicos, atribuida al ex presidente Moisés Ramírez, servidores públicos de Ayuntamiento de Tepeji del Río, identificado con el expediente ASEH/DGAJ/DS/PRA-20/001/2026, permanece vigente; sin embargo, hasta el momento la ASEH no ha logrado notificar personalmente a las exservidoras públicas, debido a que no han sido localizadas en los domicilios proporcionados a la autoridad fiscalizadora.
Ante esta situación, el organismo recurrió a la publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el pasado 28 de septiembre. Este mecanismo se utiliza cuando una autoridad no logra localizar a una persona para hacerle de conocimiento formal un procedimiento en el que se encuentra involucrada.
De acuerdo con el expediente, la Auditoría Superior realizó diversas acciones para localizar a ambas exregidoras, incluyendo la búsqueda en domicilios proporcionados por autoridades municipales y estatales, sin obtener resultados.
Por ello, la ASEH ordenó la publicación de tres edictos mediante los cuales se les convoca a comparecer dentro de un plazo de 15 días hábiles, con el propósito de que reciban copia del expediente y puedan manifestar lo que a su derecho convenga.
Hasta esta etapa del procedimiento, no se ha determinado de manera definitiva la responsabilidad administrativa de las exregidoras ni se ha establecido el monto de un eventual detrimento económico, por lo que el caso continúa en proceso ante la autoridad competente.
Las publicaciones realizadas en el POEH forman parte del procedimiento de notificación y buscan garantizar que las personas señaladas tengan conocimiento formal del expediente y puedan ejercer su derecho de defensa.
