La 1

Personal médico de centros de salud, hospitales y áreas de salud se manifestaron el pasado 28 de febrero para denunciar que en sus centros de trabajo no contaban con personal suficiente, tampoco contaban con medicamentos, insumos y equipos, rápidamente el gobierno del estado salió al quite para desmentir la situación y de paso atacó (fieles a las formas y estilos de la 4T) a políticos que trataron de hacer eco del tema, pero no contaban que el 20 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) daría a conocer que en 2023 y 2024 se encontraron con una serie de irregularidades en el rubro de salud, por un monto superior a los 407 millones de pesos, observaciones que no han sido subsanadas por el gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Irregularidades, subejercicios, falta de comprobación, dinero que no fue aplicado, que ya no está en las cuentas y no se sabe en qué se gastó o a donde se movió, como sea, todo apunta a que las protestas de trabajadores de la salud resultaron autenticadas con esta noticia, ya que encaja con sus protestas y sus denuncias en el sentido de que centros de salud y hospitales en Hidalgo no cuentan con lo necesario para atender la salud del pueblo, ese pueblo al que dicen que aman tanto y al que ahora incluso la presidenta Claudia Sheimbaum ya declaró (o amenazó) que su gobierno y el pueblo jamás volverán a soltarse de la mano.

“Las observaciones de la ASF apuntan a un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 407 millones de pesos, cifra que, aunque representa un porcentaje menor dentro del total de 60 mil millones de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2023, evidencía problemas graves en la gestión de los fondos públicos”, indica la nota que Excélsior publicó apenas el 20 de marzo.

Desde que la noticia fue dada a conocer el gobernador no ha emitido ninguna declaración, pero tampoco lo ha hecho sobre la salida de su ex coordinador de Comunicación a quien se le descubrió un esquema de corrupción que denominaremos la estafa ambidiestra (con eso de que a la 4T le encanta poner títulos pomposos o ridículos a esas instituciones, reuniones y demás actos, por eso le pondremos ese nombre nada más por empatarnos con su evidente e hilarante ocio político), en este esquema lo que se ha publicado es que un el servidor público dispersó dinero a través de ciertos medios (dueños de medios que se dicen líderes de grupos de periodistas que manejan cual marionetas a su interés) con el objetivo de que luego le regresaran la mayoría de dichas sumas, lo que se ha manifestado es que serían cerca de 120 millones de pesos como daño al erario público en el que el gobernador no ha salido a decir qué ruta legal se seguirá en esta estafa.

Si se demandará penalmente a los medios y se les fincarán procesos penales, si se les pedirá que regresen el dinero de la estafa y si quedarán inhabilitados de por vida por prestarse a dañar al pueblo a través de esta estafa, en Tula un medio es el único señalado y este sería el que enfrentaría las consecuencias de haberse confabulado para dañar al erario público, al dinero del pueblo. La Neta ojalá sí enfrenten todo el peso de la ley.

Es primera vez que escribo una columna con la idea de que está ligada a otra que será publicada el día de mañana, este formato obedece a que inherentemente los temas están ligados, y que esperamos que un trato primero particular se sume a un tema más general, y que tiene que ver con la salud de los que vivimos en la zona más contaminada del mundo, cómo hemos pagado con nuestra salud el progreso y desarrollo económico, y cómo debemos definir el camino que queremos andar para los próximos 12 años ahora que el gobierno federal ya se fijó la meta de subsanar la contaminación de la cuenca hidrológica a la que pertenecemos, oportunidad que nos permite plantearnos sobre más soluciones como el que tiene que ver con la contaminación de aire y tierra ahora que el tema está en la mesa del debate. Nos lo merecemos, hemos pagado una alta cuota y hoy es hora no solo de ser escuchados sino de ser atendidos en nuestras propuestas.