• El Congreso de Hidalgo recibió las siete propuestas del Ejecutivo estatal a lo largo del presente año.
Durante 2025, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó al Congreso del Estado diversas iniciativas de ley con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los hidalguenses, promover la igualdad de derechos y fortalecer los servicios públicos.
Entre estas acciones destacan diversas disposiciones de la Constitución local en materia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, contemplando mecanismos de elección de jueces y magistrados del estado, que se
implementarán en 2027.
Por otra parte, se propuso la modificación del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025, a fin de edificar el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CASP), el cual permitirá dejar de pagar rentas en inmuebles ocupados por distintas dependencias y ofrecer servicios más accesibles y dignos a la ciudadanía.
Recientemente, el mandatario estatal envió un paquete de iniciativas que incluye la propuesta de extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), en armonía con las reformas federales de 2024. Esta medida busca eliminar duplicidades y optimizar recursos, asegurando que los gastos administrativos se traduzcan en beneficios efectivos para la ciudadanía.
Por otra parte y con el objetivo de garantizar una impartición de justicia administrativa más ágil, clara y confiable, se planteó la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, para delimitar responsabilidades, evitar la inamovilidad de magistradas y
magistrados, así como favorecer la evaluación por desempeño.
En materia de legislación secundaria, se impulsó la Ley de Entidades Paraestatales para crear Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, estructuras más flexibles, especializadas y eficientes; esto permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir los tiempos de respuesta y atender, con profesionalismo y sentido social, las necesidades del estado.
A su vez, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública propone modificar la denominación de áreas del Ejecutivo, como la Secretaría de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por Secretaría del Despacho del Poder Ejecutivo. Además, esta iniciativa optimiza las facultades en materia de comunicación gubernamental, afianzando procesos más claros, ágiles y eficientes.
Finalmente, la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público consolida mecanismos para hacer más transparente y eficiente la compra pública, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de contratos, actualizar el padrón de proveedores y agilizar la comunicación social relacionada con programas y acciones preventivas, asegurando un uso más responsable de los recursos del estado.
