El pleno de la Asamblea Municipal aprobó la reducción de la multa por infringir el reglamento de estacionamientos públicos (parquímetros) de 231 pesos a cien pesos, el dictamen fue presentado por la comisión de Asentamientos Urbanos que atiende el tema y que encabeza el regidor Adán Rodríguez Domínguez.
Cabe destacar que el pasado 6 de julio acudieron a una mesa de trabajo diversas comisiones de la asamblea municipal, cita a la que acudió el gerente general de Copemsa Mauricio Gómez Roquero, empresa concesionaria del servicio de parquímetros, sesión en la que los regidores que tomaron la palabra pidieron cancelar el contrato o en caso de continuar el servicio reducir la multa, retirar la placa en lugar de colocar inmovilizadores (arañas) y trasparentar los fondos que se recaudan.
Posteriormente el gobierno municipal informó a través de las redes sociales que de acuerdo a las facultades del alcalde la multa bajaba a cien pesos y que entraría en vigor a partir del 13 de julio, medida que fue cuestionada por los asambleístas debido a que el proceso para que la reducción sea legal debe ser presentada mediante dictamen en la asamblea y luego de ser aprobada publicada en el Diario Oficial para que sea vigente.
Previo a la votación el regidor Jaime Trejo Limón dijo que era injusto el costo de la infracción, recordó que subió un punto de acuerdo hace 10 meses para reducir la infracción, por lo que dijo que a pesar de que fue ignorado era bueno atender el tema para dar cuenta de que se escucha las demandas de los ciudadanos.
Finalmente en la sesión ordinaria del 16 de julio fue presentado el dictamen (y aprobado por unanimidad) mediante el cual se puso a consideración de los integrantes de la asamblea la propuesta para modificar el artículo 31 párrafo primero de la ley de estacionamientos públicos para reducir la multa a 1 o dos días de salario mínimo, por lo que quedaría en 136 pesos o la mitad en caso de aprobase un día de salario mínimo como multa.
La medida entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial del estado, sin embargo en la propuesta no se debatió retirar la placa a las unidades propiedad de los infractores en lugar de colocar inmovilizadores.
De igual forma no se discutió la controversia generada por el gerente de Copemsa quien dio a conocer que la empresa concesionaria “dona” parte de los sueldos del personal que coloca los inmovilizadores, además de que tampoco se discutió por qué dicho personal porta uniformes y gafetes que los identifican como personal de seguridad pública a pesar de que no forman parte de esta corporación debido a que no han acreditado los exámenes y controles.