«Transparencia para el Pueblo» será la nueva plataforma de acceso a la información pública que operará dentro de los próximos seis meses de 2026 en Hidalgo, confirmó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría del gobierno estatal.
El proyecto forma parte de la transición derivada de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información de Hidalgo (Itahi), cuya extinción fue aprobada por el Congreso local el 17 de diciembre pasado. Con ello, la entidad abrirá paso a una figura con estructura más amplia, mayor capacidad operativa y presencia en distintos órdenes de gobierno.
El contralor indicó que dentro del proceso de reestructuración del nuevo organismo se contempla que dicho ente público esté facultado constitucionalmente para dar servicio a los tres poderes del Estado organismos autónomos, municipios, sindicatos, así como a los partidos políticos.
Asimismo, explicó que se contempla la aprobación de los 84 municipios para dar paso a las leyes secundarias y para que dicha figura cuente con reglamentos propios y nuevos códigos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Este nuevo modelo —desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría-, será coordinado por una estructura operativa de 10 personas en un inicio mientras que los 37 trabajadores que operaban el Itahi serán reubicados en áreas de su competencia.
Se prevé que el nuevo esquema de transparencia refuerce diversos procesos digitales, como la simplificación de trámites administrativos, y que la información pública esté abierta a la ciudadanía.
En su primera fase, «Transparencia para el Pueblo» pondrá a disposición información como las declaraciones patrimoniales de más de 130 mil servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal. De ese total, 84 mil pertenecen a la base burocrática del Poder Ejecutivo; más de 400 al Legislativo; 2 mil 196 al Judicial; además del personal adscrito a los organismos autónomos.
Son siete fases, en la primera tenemos las declaraciones patrimoniales, las cuales están conectadas al portal del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), de tal manera que éstas se enlazan automáticamente con las declaraciones fiscales y con la información para detectar posibles conflictos de interés, indicó Bardales Ramírez.
«En otra de las fases se conectará el Registro Público de la Propiedad, así como instituciones financieras y las grandes empresas que enajenan propiedades, vehículos o bienes lujosos, de modo que el gobierno pueda ir agrupando toda esta información», agregó.
El contralor comentó que ha sido interés del gobernador Julio Menchaca Salazar que todo proceso de simplificación administrativa e informativa, deba alinearse con las políticas públicas que promueve el gobierno federal para transparentar el quehacer institucional, ya que «los datos son los que se tienen que mover, no la gente», concluyó
