Tepeji del Río. Puerto Seco está construido en Tepeji del Río y no en Atotonilco de Tula, así lo informó el síndico procurador Jurídico Rubén Jonás Cortés Villa luego de presentar otras pruebas que exponen que los tres decretos expropiatorios que entregaron alrededor de 200 hectáreas al municipio de Atotonilco de Tula fueron ilegales, por lo que el síndico adelantó que solicitaría una acción legal para buscar que sean reconocidas dichas hectáreas como territorio de Tepeji.
El síndico Jurídico y coordinador de la Comisión especial de límites territoriales, Rubén Cortés Villa presentó el 2 de diciembre durante la 89ava sesión de la Asamblea Municipal, pruebas para demostrar que los predios que vendieron ejidatarios para el desarrollo del proyecto logístico Puerto Seco, están asentados en territorio perteneciente a Tepeji.
Ante el pleno adelantó que solicitaría un punto de acuerdo a fin de que el municipio no siga siendo omiso y solicite un amparo en contra de los decretos que emitió el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong el 5 de noviembre de 2010, el 8 de diciembre de 2010 y el 25 de marzo de 2011, decretos que en suma 200 hectáreas les fueron entregadas al municipio vecino de Atotonilco de Tula y por los cuales han cobrado más de 40 millones en permisos y licencias.
El representante dijo que además de esta prueba se encuentran los decretos presidenciales de 1925 en donde se ha asentado y se ha dicho que cuando se creó el ejido de El salto todo estaba asentado en territorio de Tepeji del Río.
Explicó que luego de 4 años al frente de la investigación ya encontró documentos en el registro público de la propiedad en donde todos los títulos parcelarios están asentados en dicha dependencia, por lo que con ello cuenta el municipio y el alcalde con herramientas para poder solicitar un amparo y eventualmente que estas tierras regresen a la asignación territorial de Tepeji.
Cabe destacar que durante su último año de gobierno el entonces alcalde Rosalío Santana Velázquez cambio de actitud en torno al tema Puerto Seco pues durante sus dos primeros años ignoró el problema al igual que el actual alcalde Fernando Miranda Torres, negando en este caso ambos, que exista una irregularidad en los decretos expropiatorios, sin embargo desde 2011 se inició un proceso ante Obras Públicas del estado para querellarse de los decretos, proceso que fue abandonado y no presenta en 5 años ningún resultado.