- De no solventar las observaciones, ex funcionarios de la pasada administración municipal enfrentarían procedimientos administrativos y/o penales.

En cuanto fenezcan los plazos y se hagan de conocimiento si se solventaron las observaciones hechas en la carpeta de entrega-recepción de la anterior administración; el actual gobierno municipal de Tula, procederá, en su caso, a iniciar un proceso administrativo de responsabilidad a los servidores públicos y eventualmente denuncia penal contra con quien resulte responsable.

Lo anterior expuso el titular de la Contraloría Interna Municipal, Emanuel Chacón Estrada, quien explicó con puntualidad que, conforme a la carpeta que la actual administración entregó a la Auditoría Superior del Estado (ASEH), el pasado 22 de octubre, sí hubo observaciones en diferentes rubros.

De ahí que “en el momento en que esta Contraloría Municipal, sea informada oficialmente sobre el resultados de la solventación de observaciones, le decimos a la comunidad de Tula, (que) no vamos a andar con tibiezas, ni vamos a andar con negligencias. Aplicaremos la ley porque nadie puede estar por encima de ella”

El funcionario explicó se otorgó un plazo para que el presidente saliente, solvente todas las observaciones que surgieron en esa carpeta de entrega-recepción; ese tiempo, se estima se cumpla en la primera semana de diciembre próximo.

Actualmente, este proceso de la llamada entrega-recepción va en su tercera etapa, de las cuatro que conforman el procedimiento, y que consiste precisamente en que deba correr el tiempo que se le da a la administración saliente para que sustente y solvente todas las observaciones que surgieron.

Explicó que los pasos para iniciar un proceso administrativo, comienza con la notificación hacia el ex funcionario sobre las acusaciones que se le imputan, para después requerirlo para el desahogo de pruebas o para la reparación del daño patrimonial. Posterior a ello, las sanciones pueden ir desde una inhabilitación para ejercer un cargo público y/o la denuncia ante las autoridades competentes.

Así, dijo, los anteriores funcionarios tienen el tiempo prudente para que solventen lo que tenían que solventar, “devuelvan lo que tengan que devolver; pero si en ese espacio y en ese tiempo, la Auditoría Superior, nos dice, no devolvieron, no hicieron, nosotros actuaremos bajo estas dos premisas: la inhabilitación y la denuncia.

La primera de ellas: “Iniciar con los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos contra quien resulte; y la resolución en estos casos, va a ser, inhabilitarlos en el Servicio Público, y que pueden ir dependiendo de la gravedad de la falta, de un año a diez años”.

Por otra parte, mencionó, es iniciar ante el Ministerio Público, denuncias de carácter penal, por las desviaciones de fondos, “pero debemos de tener los documentos oficiales, las evidencias contundentes para actuar. Y en esa medida no va a temblarnos la mano en Contraloría Interna Municipal, porque son las instrucciones que nos ha dado el señor presidente, quien dentro de las funciones que tiene en la Ley Orgánica Municipal, es vigilar que la Contraloría cumpla con todas las disposiciones”.

La Contraloría Interna Municipal, tiene la facultad para actuar en los canales, con las autoridades y en las instancias correspondientes para que nadie quede por encima de la ley”, detalló el funcionario.

Emanuel Chacón Estrada expuso que anteriores administraciones no contaban con el proceso de entrega-recepción de todos los bienes de una alcaldía, sino que fue a partir del año pasado en que se publicó la Ley de Entrega-Recepción, que autorizó el congreso local y que ya tuvo una aplicación este año.

Recordó que para este proceso de entrega recepción:

En la primera etapa, en agosto pasado se integró el comité de entrega recepción con representantes de las administraciones entrante y saliente.

Se pusieron a trabajar para identificar todos los rubros que de alguna u otra manera tuvieran que ver con documentos y archivos impresos, con recursos humanos, con recursos materiales, con expedientes de asuntos legales, evidentemente Capyat, DIF, Obras Públicas, Seguridad Pública y observaciones generales, dijo.

Segunda etapa: a partir del 5 de septiembre que se tomó protesta para la nueva administración, ya la Contraloría Interna Municipal, “en el uso de sus funciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 105, 106 y 107, fue como entonces se pudo ya integrar una carpeta de las evidencias, de las observaciones que surgieron de esos dos comités”.

Indicó que esas carpetas y observaciones, puntualmente se entregaron a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a la Contraloría del Estado de Hidalgo, al presidente municipal saliente, a la Contraloría Interna Municipal, a la Sindicatura Hacendaria, “por lo tanto son documentos que ya tenemos y que ya contamos y que efectivamente hay un cúmulo de observaciones en diferentes rubros.

Hubo observaciones de todo tipo, desde falta de equipo de cómputo, discos duros, una serie de situaciones en donde no se tenía la información completa, pero particularmente en Tesorería, fue la parte donde más observaciones existieron”.

“Estas observaciones obedecen a deudores diversos, a acreedores diversos, a proveedores, a partidas en sobregiro y otras que surgieron como son deudas históricas con Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ya conocemos que Capyat es parte de ello”.

En resumen, señaló, en este ejercicio “estamos en la tercera etapa, a partir del 22 de octubre, nosotros entregamos esta información, misma que se está evaluando en este momento, esperemos que los 30 días hábiles que tiene el presidente saliente para solventar todas las observaciones que aquí están establecidas, esperemos que el resultado nos dé la cuarta etapa”.

Finalizó su declaración al comentar que los actuales funcionarios y servidores públicos han firmado un Código de Ética y se comprometieron porque “tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, y tenemos todas las observaciones encontradas como para poder actuar y actuar sin tibiezas”.