Columna de opinión #TuVoz Por: Cesar Espinoza Navarro
En México el peligro no son los terroristas, los narcotraficantes, tampoco los delincuentes, mucho menos los políticos, el estado mexicano ha encontrado a sus nuevos enemigos los periodistas, estos personajes que sin escrúpulos se dedican a mantener informada a la sociedad, que sin piedad investigan todas las transas del gobierno y sin importar dañar la imagen del presidente de la república o de algún gobernador nos cuentan sobre la casa blanca o más corruptelas de nuestros gobernantes.
El periódico estadounidense The New York Times revelo que el gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto se ha dedicado a espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, todo con ayuda de un sistema cibernético israelí conocido como Pegasus que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado. NSO Group, afirma vende este software de forma exclusiva a los gobiernos, el gobierno de México lo adquirido en el 2011 a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil, “El acuerdo explícito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas, a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje, para espiar a diez usuarios de iPhone por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares.
Este software se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto, el software ha sido utilizado para vigilar a las personas que han sido críticas del gobierno, así como a sus familiares (hijos, parejas, hermanos, padres), todo para debilitar e intimidar a la gente que intenta terminar con la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Ahora si revisamos las leyes mexicanas, solamente un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.
Esto del espionaje del gobierno mexicano no es nuevo en nuestro país, durante años nos hemos enterado de muchos casos desde los años 50´s pero antes se espiaban a políticos que estaban en contra del gobierno, espiaban a los partidos políticos para saber cómo actuarían y más reciente en 2001 cuando la PGR desarticulo a una red de espionaje en el Estado de México y que involucraba a Arturo Montiel (entonces gobernador y tío de EPN), también en el 2012 por lo menos 12 entidades del país (Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche), adquirieron junto con el Ejército Mexicano software de espionaje capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información, sin tener facultades legales para poder hacerlo y sin que haya evidencia de que fue utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones.
En los últimos años tres compañías mundiales –Hacking Team, NSO Group y FinFisherespecializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México y según Hacking Team México era el principal comprador mundial de sus programas espías con una inversión de casi seis millones de euros.
Un informe elaborado por la Casa Blanca en 2010, por ejemplo, explica que varias agencias estadounidenses apoyaron a la PGR y a la SSP en realizar escuchas telefónicas y espionaje con el fin de obtener información para investigaciones y combatir la delincuencia organizada (según).
Así las cosas en nuestro país, ahora resultan que en lugar de perseguir a los delincuentes, se persigue a Loret de Mola por hacer reportajes sobre el huachicoleo, que en lugar de castigar a los responsables de la corrupción en el gobierno se investiga a Carmen Aristegui por sacar los fraudes de los políticos.
Al final los periodistas quedan indefensos, los criminales los matan, el gobierno los espía e investiga en lugar de cuidarlos y la sociedad que se supone los debería de apoyar esta en su contra porque saca reportes de sus familiares delinquiendo y hasta piden bajar las publicaciones, así que a cuidarnos todos de los periodistas, los nuevos enemigos del gobierno.
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